La antigua cárcel de Torrero, edificio municipal actualmente okupado, se va a transformar en un centro de mayores para el barrio de Torrero. Esta mañana he visitado el distrito para anunciar el proyectos en el que ya estoy trabajando y que ejecutaré tan pronto como sea alcaldesa. A imagen y semejanza de lo ocurrido en el edificio Luis Buñuel del Casco Histórico, el Gobierno del Partido Popular va a recuperar la antigua cárcel para convertirla en un equipamiento municipal que puedan disfrutar todos los ciudadanos, no sólo unos pocos.
El primer paso será la redacción del proyecto de transformación de este edificio, para después presupuestarlo y proceder al desalojo de la antigua cárcel. No podemos permitir la okupación de espacios públicos y mucho menos la de viviendas privadas. Por ese motivo, aprovechando la visita, he querido informar también de una de las medidas que pondré en marcha tan pronto como sea alcaldesa: la creación de una oficina técnica municipal para luchar contra la okupación ilegal.
Se trata de una iniciativa para reforzar las labores que ya se realizan desde el consistorio y de brindar nuestra colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la detección de casos de ocupación. Queremos ir más allá del convenio que ya existe para luchar contra la okupación y defender los derechos de los afectados.
Por eso, a nivel nacional, el Partido Popular va a seguir encabezando el endurecimiento de las leyes destinadas a acabar con la okupación ilegal, dotando a jueces y fuerzas de seguridad de herramientas para desalojar de inmediato a quienes comentan estos delitos.
Ahora mismo, los ayuntamientos tienen un estrecho margen de maniobra en esta materia, puesto que sólo puede intervenirse cuando la edificación okupada amenaza ruina, cuenta con incidencias estructurales o supone un grave peligro para los ciudadanos.
En el caso concreto de Zaragoza, hemos realizado varias intervenciones en los últimos años. Las más recientes fueron la una en la calle Compromiso de Caspe, otra en dos edificios de la calle Pignatelli, otra en Cerezo, Agustina de Aragón, la plaza Mayor de Juslibol y la calle Estación, del barrio Jesús.
La tarea no es sencilla, pero desde el PP estamos decididos a no permitir que Zaragoza sea una ciudad cómplice de la okupación ilegal. En primer lugar, lo hemos demostrado impulsando políticas activas de compra y expropiación de edificios que potencialmente pudiesen generar problemas para dedicarlo a vivienda de alquiler asequible. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia policial en las calles y hemos instalado cámaras de vigilancia que han contribuido a reducir los problemas.
Asimismo, firmamos un acuerdo con el colegio de Abogados para la asesoría gratuita a las familias afectadas por casos de okupación ilegal gracias al cual se han atendido 264 consultas en dos años, y editamos una guía jurídica para informar sobre cómo proceder ante una okupación. Con la nueva oficina técnica municipal daremos un paso más para defender los derechos de los zaragozanos.
